Amnistía Internacional expresó su consternación ante la noticia del asesinato de Susana Chávez de 36 años ocurrido en Ciudad Juárez el 6 de enero. Susana Chávez, cuyo cuerpo fue encontrado en el centro de la ciudad, era una poeta y defensora de derechos humanos que había tenido un rol activo en la lucha por acabar con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Tres hombres jóvenes implicados en el homicidio de la activista han sido detenidos, declaran que entre los tres la llevaron a la regadera, en donde le cubrieron el rostro con cinta adhesiva en color gris y la empezaron a ahogar, hasta asfixiarla.
Al parecer, Susana Chávez, una de las autoras de la frase “Ni una muerte más”, fue víctima de la misma violencia de género contra la que había luchado. Aunque no habría evidencia para suponer que su asesinato estuviera relacionado con su activismo, su muerte es otra prueba de que el homicidio de mujeres en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua - donde organizaciones no gubernamentales registraron más 446 asesinatos de mujeres en 2010 – se ha disparado. El fracaso de las autoridades locales y federales en abatir la violencia y terminar con la impunidad de los responsables es cada vez más evidente.
Este nuevo asesinato de una activista ocurre a 21 días del homicidio de Marisela Escobedo Ortiz, una madre que luchaba incansablemente por justicia para su hija asesinada en Ciudad Juárez en 2008. Los responsables no han sido detenidos.
La violencia contra las mujeres sigue siendo un crimen recurrente en muchas partes de México. Ciudad Juárez en particular continúa siendo uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. A pesar de muchos compromisos de las autoridades para mejorar la situación, no ha habido una acción constante y eficaz para mejorar la seguridad de las mujeres y para asegurar que los responsables rindan cuentas.
La trágica muerte de Susana Chávez muestra de nuevo el largo camino que las autoridades tienen que recorrer para asumir sus obligaciones de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Además resalta la importancia de los esfuerzos de las y los defensores de derechos humanos para recodarles a las autoridades su obligación de garantizar que no haya “ni una muerte más”.
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