09 noviembre, 2010 por Lydia Cacho Ribeiro
Cuando Jimena Marín Foucher se casó con David, el hijo de Diego Fernández de Cevallos, jamás se imaginó que su vida se convertiría en una pesadilla de violencia doméstica. Sus padres creyeron que el joven hijo de uno de los abogados más poderosos y corruptos de México, cambiaría; pero sucedió lo contrario. Cuando Jimena pidió ayuda le pidió el divorcio. Como muchos agresores poderosos, él la encerró durante casi cuatro meses. El aislamiento, amenazas de muerte y la reiterada intimidación de la familia Fernández de Cevallos a Jimena, terminaron en una amenaza: si ella quería el divorcio jamás volvería a ver a sus hijos. Ella escapó de casa cuando se desató la crisis del secuestro de Diego.
Este jueves, David Fernández de Cevallos, acompañado de un primo y su hermano Rodrigo, llegaron a la casa de la familia Foucher en Cozumel, en una zona residencial cuyos testigos creyeron inicialmente que se trataba de un ataque de narcotraficantes por el despliegue de violencia. Protegidos por agentes encapuchados de la AFI, los hombres armados entraron en la casa a llevarse a los niños; cuando los vecinos llamaron a la policía local, ante la confusión, se vivieron momentos de gran tensión. Todos cortaron cartucho al ver que los supuestos federales no se identificaban. Ante cámara de video, frente al asombro de los vecinos, los Fernández de Cevallos se llevaron a los niños por la fuerza, aparentemente escoltados por un camión militar. El Ejército niega haberles protegido; asegura que “sólo atestiguó la diligencia”.
Como muchos maltratadores de mujeres, David se consideraba propietario de su joven esposa. Con el aparato de justicia al servicio de su familia, la acusación por violencia intrafamiliar y el proceso de divorcio fueron una verdadera pesadilla para la madre de los dos pequeños. Finalmente, Jimena había logrado que un juez le otorgara la custodia temporal de sus hijos y volvió a Cozumel con sus padres. Según testigos, David sabía que sus pequeños estaban seguros y bien cuidados con su madre, y lo que él quería no era lograr tener visitas paternas para el bien de los niños, de uno y cuatro años, sino vengarse de la desobediencia y quitárselos.
Además de los testigos presenciales, que aseguran que el hijo de Diego portaba un arma, hay un video. En la denuncia 1656/10/2010 por secuestro, ataque y lesiones, la madre de los pequeños y los abuelos explican que fueron golpeados, que les esposaron y encañonaron y recibieron amenazas de muerte. Todo esto sucedió, aseguran, en un contexto de compra de autoridades, colusión de servidores públicos (jueces, federales y militares). La Procuraduría de Quintana Roo asevera que no hubo solicitud de orden de colaboración, por tanto, los federales habrían cometido un ilícito. Mientras se investiga el caso, quedó en evidencia la complicidad machista de varios servidores públicos que justifican los hechos.
La Ley de acceso a las mujeres a un vida libre de violencia debería de proteger a todas las ciudadanas, pero entre la letra y su cumplimiento encontramos la colusión de servidores públicos que ponen la justicia al servicio de los agresores, de los poderosos. Tal vez lo único bueno de esta desgracia es que Jimena ahora está protegida por la sociedad. Si algo le sucede a ella, a sus familiares, todo México sabrá quién es responsable. Jimena no está sola.
